“La incertidumbre respecto de esta situación, no hace más que refrendar la idea de que se trata de un nuevo ajuste a la educación pública santafesina, de la cual el Estado tiene la responsabilidad constitucional de ser garante”, indicaron.

  Y en un comunicado publicado en la web, agregaron: “Por esa razón, reclamamos se resuelva el problema sin más demoras, a la vez que instamos a los responsables a generar políticas integrales para la educación rural de nuestra provincia. No vamos a permitir que el Estado provincial delegue esa responsabilidad en las comunas, que ya se encuentran en crisis debido al contexto económico nacional y no poseen los fondos para hacerse cargo de una situación que, en definitiva, es obligación de la gestión educativa provincial. Esta política de ajuste significará que cientos de alumnxs verán seriamente afectado su derecho social a la educación y no podrán continuar asistiendo a escuelas rurales de nivel medio”.

  Y el comunicado continúa: “La problemática del transporte de los docentes de escuelas rurales no es nueva. Forma parte de una agenda de largo y permanente reclamo de nuestra organización sindical. Ya hemos padecido los riesgos que genera la ausencia del Estado en este tema, solo debemos hacer memoria y recordar las tragedias en las rutas (Tostado 2013) así como la violación y asesinato de nuestra compañera Daniela Spárvoli en el año 2003”.

  Y concluye: “El traslado seguro es una preocupación que afecta a todos los niveles de la ruralidad y que requiere una atención integral. Desde AMSAFE exigimos abrir un espacio de debate para discutir una política global para atender la ruralidad, desde una perspectiva general, que mire tanto lo propio de esta enseñanza como los problemas que acarrean la falta de trabajo y el desarraigo. El Estado debe estar presente para garantizar una educación pública gratuita, que los docentes puedan llegar seguros a trabajar”.