Según la denuncia, la letrada realizó una sucesión a favor de dos hermanos de Rosario y antes de culminar el trámite falsificó las firmas de un juez y una secretaria para que la regulación de su trabajo sea superior. La imputaron de estafar a sus clientes por una cifra cercana a los 60.000 pesos.

Una abogada de 46 años de la ciudad de El trébol quedó a un paso de un juicio oral y público por el delito de estafa luego de que la secretaria de un juzgado Civil y Comercial la denunciara por irregularidades en el expediente de una sucesión. Concretamente, la funcionaria judicial encontró una foja apócrifa con la firma falsificada de un juez en el dictado de una sentencia de honorarios por un monto muy superior al que se regula en esos casos. Su situación se agravó cuando los herederos que le habían encargado el trámite, dos hermanos que viven en Rosario, se enteraron que mediante ese engaño les había cobrado alrededor de 60 mil pesos de más y decidieron constituirse como querellantes para accionar penalmente contra la profesional del derecho.

El delito de estafa es investigado por el fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, quien pidió que la profesional Viviana Verónica B. sea condenada a tres años de prisión condicional, que se le suspenda la matrícula por el mismo plazo y que se le cobre una multa de 90 mil pesos. El planteo tuvo lugar el jueves de la semana pasada durante la audiencia preliminar al juicio.

Por un descuido

“Se olvidó el cuerpo del delito en el expediente”, señalaron Mariano Scaglia y Hernán Tasada, los nuevos abogados de los hermanos rosarinos que patrocinan a los querellantes en la causa por estafa. Ambos aseguraron que la colega imputada cometió un delito muy grave al “truchar una sentencia” y que quedó descubierta “por un descuido al devolver el expediente al Juzgado con la foja falsificada”.

Durante la audiencia preliminar, Scaglia y Tasada presentaron la acusación contra Vanina B, quien fue imputada en agosto de 2018 por el delito de estafa y solicitaron la misma pena que pidió el fiscal Zoppegni.

Según la acusación, Adriana y Gabriel G., dos hermanos que viven en Rosario, fueron engañados por la abogada que contrataron para que realice una sucesión en los Tribunales de San Jorge.

Los querellantes expusieron que la letrada avanzó con el trámite y cuando estaba por culminar su tarea profesional les mostró una foja del expediente judicial donde estaban regulados sus honorarios en una sentencia que llevaba la firma de un juez y una secretaria por el monto de 73 mil pesos.

Los hermanos dijeron que pagaron esos honorarios sin sospechas. En diciembre de 2017 le entregaron 50.000 pesos más otros 9.000 en concepto de gastos; y en febrero de 2018 completaron la suma restante de 23.000 pesos.

Fue a partir de una denuncia penal presentada por la secretaria subrogante del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 11 en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de San Jorge que se enteraron que habían sido víctimas de una estafa.

Según la acusación, el 9 de febrero de 2018, la funcionaria judicial denunció el hallazgo de un escrito dentro del expediente, con fecha del día 6 de ese mes, tras advertir que había una fotocopia con una aparente regulación de honorarios emitida por dicho juzgado con firmas de magistrados que no se encontraban en sus funciones en esa fecha.

En la denuncia, la secretaria aclara que esa resolución no fue dictada por el juzgado y de haberlo hecho no hubiese sido por un monto de honorarios tan excesivo.

Entre las pruebas que presentaron los querellantes figuran conversaciones de whatsapp entre la abogada denunciada y uno de sus clientes donde le especifica el monto de honorarios que debe pagarle y que coincide con el que figura en la sentencia trucha.

“Este tipo de acciones trasciende la individualidad y perjudica la noble profesión de abogado y la confianza”, expresaron los querellantes. También destacaron al pedir la condena que durante el tiempo que duró el proceso la abogada se mostró “sin arrepentimiento o acercamiento en cuanto a las víctimas”.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que el fiscal Zoppegni puso en conocimiento al Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción sobre la situación de la profesional imputada.

Fuente: elciudadanoweb.com