El profesional asegura que los agentes de Justicia no tienen voluntad de investigar su caso. Fue víctima de cinco atentados.

  El abogado Alberto Calvetti vive en vilo desde abril del año pasado cuando sufrió el primero de los cinco atentados que tuvieron como blanco a su estudio y su casa particular. El primer ataque fue con piedras y los restantes con armas de fuego que dejaron los plomos en las paredes -del frente e internas- de las propiedades ubicadas en la esquina de Moreno y Eva Perón, en San Jorge. Su caso sorprende por el nivel de agresividad desplegado contra el profesional, que asegura que “tiraron a matar”, pero además por el largo calvario que comenzó para lograr que la Justicia se ocupe y encuentre a los responsables de esos disparos.

  Una mañana familiares del abogado encontraron seis vidrios rotos de su estudio junto a restos de ladrillos y piedras. En ese momento pensó que sería consecuencia del desahogo de alguna contraparte o sentenciado en alguno de los litigios que tramita en el marco de su profesión.

  Su sospecha cambió cuando, meses después, encontró vidrios rotos de la puerta principal y de la ventana de su oficina. Esta vez, las roturas coincidían con orificios de bala. Uno de los plomos se incrustó en una puerta interior en la sala de espera. Fue así que decidió llevar su preocupación a las autoridades y denunció lo que ocurría. Allí comenzó su peregrinar. “Usted no tiene cámaras, es un caso muy difícil”, le observaron en la comisaría luego de su exposición. Los investigadores orientaron sus preguntas para que el abogado evaluara quién de sus oponentes en causas judiciales sería capaz de protagonizar o encargar un atentado.

  Más allá de la indignación inicial por observar la escasa reacción y la naturalidad con la que las fuerzas de seguridad tomaron su caso, el abogado decidió instalar cámaras por si los ataque se repetían.

  Su enojo aumentó al notar que ponían bajo la lupa su vida profesional y privada en lugar de desarmar la madeja que los llevara al o los responsables de los ataques. “Mis contactos siempre fueron con la policía. El fiscal (Carlos Zoppegni) nunca me citó”, dijo Calvetti, quien aclaró a los investigadores que durante los 38 años de trabajo como abogado tuvo tres casos con una entidad económica suficiente “que podrían tener relación con los ataques”. Si bien no tenía sospechas fundadas en particular, los mencionaba por la cuantía económica en juego. “También puede ser algún otro juicio en el que la parte en pérdida, así sean tres mangos con cincuenta, asumió una actitud de venganza”, señaló.

El auto en el video

;a última denuncia que asentó Calvetti fue el 30 de enero cuando balearon su casa en momentos en que no había nadie de su familia. Una bala rompió la persiana de la ventana que da a la calle, pasó unos diez centímetros por sobre el respaldo de un sillón del living, atravesó el vidrio de la ventana que da a un patio interno y luego otra de un dormitorio. La bala cruzó la sala y quedó incrustada en el placard de la habitación de su hija. Otra bala penetró la puerta de ingreso a la vivienda, pegó en una pared y se alojó en otra abertura interna de madera.

  Calvetti llevó a la Fiscalía un pendrive con la grabación de dos de sus cámaras. En los videos se observa el paso de un Renault Megane gris, que circula a baja velocidad contra el cordón de la calle del estudio y al conductor que apunta con su mano derecha por la ventanilla. A simple vista se puede ver el perfil del sospechoso y el movimiento, pero no el arma. Y, aunque el ángulo lo permite, tampoco se puede leer con claridad la patente del vehículo. Por esa razón Calvetti llevó los videos a la Fiscalía y pensó que entonces avanzaría la investigación. “Tienen las herramientas técnicas para analizar esos videos y obtener los datos para encontrar al responsable”, se esperanzó.

  Sin embargo, el 20 de febrero de este año y tras varias denuncias, se presentó ante el fiscal y se encontró con que el funcionario no sabía de la existencia de la filmación. “Nos trasladamos hasta la mesa de entradas y, luego de buscar entre una parva de expedientes encontramos el mío. No se había realizado ninguna actuación. Ni siquiera habían pedido las imágenes de las cámaras municipales que, para esa fecha, ya se habían borrado”, se indignó Calvetti, y añadió: “Para justificar la inacción me respondió que él investigaba por igual un hurto que lo acontecido en mi casa. Jamás tuvo en cuenta que los ataques requerían urgencia porque implicaban riesgo de vida y por lo tanto debían priorizarse”.

  Zoppegni le asignó entonces custodia policial permanente, pero el abogado la rechazó porque la consideró una “sobreactuación” por parte de la Fiscalía. “Esos recursos humanos, logísticos y económicos debían usarse para cuidar a toda la ciudad que tiene problemas de seguridad”, dijo Calvetti tras remarcar que “hay en el expediente elementos suficientes para identificar al autor de los hechos denunciados”.

  Según contó el abogado, ante su insistencia, el fiscal le advirtió que “si estaba apurado pasaría su caso a Santa Fe. En lugar de cumplir con sus funciones me apretó”. Después, Zoppegni envió una nota solicitando al fiscal regional que lo apartara del caso. “Allí se dio una actitud corporativa. No se cuál fue el argumento pero aunque le denegaron la solicitud, terminaron pasando el caso a una fiscal de Santa Fe”, se quejó Calvetti.

  Allí comenzó otro peregrinar en la capital provincial. “Después de intentar entrevistarme con la fiscal que ahora tenía a cargo la investigación _Clelia Trossero_ y esperar durante horas, pedí hablar con el fiscal regional y me respondieron que tenía que pedir una audiencia por nota. En ese momento me enojé y les dije que habían baleado mi casa, que no sabía si estaría vivo al día siguiente y que por lo tanto no me iría hasta que me atiendan”.

Sin licencia

Pero todo no terminó allí. Finalmente, Calvetti logró hablar ese día con la fiscal Trossero. Ahí se enteró que habían mandado a analizar el video a Informática Forense de la Agencia de Investigación Criminal en Rosario, pero le respondieron por nota que no podían estudiarlo porque no disponían del programa. Que había otra dependencia del Ministerio de Seguridad que lo tenía “pero no habían pagado la licencia del software”. El abogado pidió entonces que lo envíen a alguna fuerza federal como Gendarmería o Policía Federal para que lo analicen, pero obtuvo como respuesta que esa gestión demoraría entre dos y tres años.

  Esa misma tarde y ya en su casa de San Jorge, el jefe de Investigaciones golpeó la puerta del estudio. La fiscal había ordenado tomarle declaración al abogado.

  Durante los meses que duró su lucha por ser escuchado por la Justicia, Calvetti reunió por su cuenta indicios que pueden llevar a esclarecer el caso. Sin embargo, también se encontró con trabas burocráticas y de distancia a la hora de aportarlos. La fiscal de Santa Fe le sugirió que entregara los nuevos datos a la policía o a la Fiscalía de San Jorge, pero el abogado se negó. “Temo por mi vida y la de mis familiares. No voy a caer en el error de aportar datos y pruebas para que, en un marco de demostrada ineptitud, se filtren y los posibles imputados armen coartadas y frustren la investigación. Tengo voluntad de colaborar, pero ellos prefieren el ritual burocrático. Será porque no están en mi situación. No se cuándo será el próximo atentado ni si saldré vivo de él. No será la primera vez que la Justicia llegue tarde”, concluyó Calvetti.

El fiscal

Ante las acusaciones de inacción, el fiscal Zoppegni, dijo a La Capital que no creyó conveniente continuar con un caso en el que la víctima tiene plena desconfianza en las actuaciones. “Solicite mi apartamento previo a que examinaran mi actuación y no se advirtió nada irregular. Por lo pronto, y a los fines de que Calvetti tuviere una mejor atención, solicité que le adjudiquen otro fiscal. Me cuestionaba algo ocurrido en la feria judicial de enero, período en el cual no estaba en funciones”, señaló, y añadió que “cuando uno siente que la víctima no confía en el fiscal nos apartamos y ponemos nuestro trabajo a consideración de nuestros superiores. No se puede trabajar cuando le hablas a la víctima y te cuestiona todo”.

Fuente: Diario “La Capital” de Rosario.