Entre esos efectos sobresalen el ahorro de recursos tanto a escala familiar como del Estado nacional, pero también en menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y en un aliciente a la producción local de equipamientos y materiales, señaló a télam la economista Laura Lacaze.

  La adopción de una política de subsidios a las tarifas de los servicios públicos basada en el nivel de consumo residencial podría causar un impacto positivo en las decisiones de eficiencia energética, si es que, además, es acompañada de "instrumentos normativos" y medidas de incentivo a la adquisición de electrodomésticos y la utilización de materiales de construcción de última generación.

  Así lo sostuvo la economista Laura Lacaze, especializada en construcción civil e investigadora de políticas de consumo eficiente de la energía eléctrica y gas en la Argentina y el mundo.

  "La política pública está generando un claro mensaje en relación con la necesidad de reducir los consumos, lo que puede impactar positivamente sobre las decisiones que afectan la performance energética de los hogares", señaló en declaraciones a Télam.

  Junto con Rocío Zampelli, Sabina Estayno y Hernán Braude, Lacaze presentó en septiembre del año pasado una investigación sobre "Tecnologías para la eficiencia energética residencial y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero", en la que analizó los efectos positivos múltiples que tendrían la incorporación masiva de electrodomésticos de bajo consumo y materiales de construcción como los bloques de hormigón curado en autoclave (HCCA) y el doble vidriado hermético.

  Entre esos efectos sobresalen el ahorro de recursos tanto a escala familiar como del Estado nacional, en tanto se reducen las presiones de los subsidios tarifarios en el déficit fiscal y las importaciones de energía, pero también en menores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que redunda en una mejor calidad de vida y preservación del planeta, y en un aliciente a la producción local de equipamientos y materiales.

  En base a estudios de Dhiren Tejani y Hernán Darhanpé, Lacaze estimó diferentes escenarios de reducción de consumo con la adopción de los cambios mencionados y llegó a la conclusión que con el reemplazo de los vidrios tradicionales por el doble vidriado hermético y los ladrillos huecos por los bloques de HCCA, el ahorro en el consumo de gas podría alcanzar al 21% en una vivienda multifamiliar y al 36% en una unifamiliar, mientras que en el caso de la energía eléctrica sería del 3% y 6%, respectivamente.

  En el caso de los equipamientos, con el reemplazo de unidades antiguas por otras de clase A o superior, el ahorro llegaría al 33% en el consumo eléctrico y del 31% en el del gas.

  Asimismo, los investigadores Salvador Gil, Adrián Gutiérrez Cabello y Balbina Griffa, de la Universidad de San Martín (Unsam), indicaron que si se reemplazaran cinco millones de heladeras viejas por otras de clase A o superior, el ahorro en energía sería de 2,5 millones de Mw (megavatios) por año, equivalentes a la energía generada por la central nuclear de Atucha I.

  "De todas maneras –advirtió Lacaze a Télam-, ese efecto concreto dependerá también de la capacidad de los instrumentos normativos y de internalizar el estrecho vínculo entre la eficiencia energética y las características estructurales del hogar, tales como el tipo de vivienda en que vivimos, los materiales que la componen y los electrodomésticos que utilizamos".

  Al respecto, indicó que "los electrodomésticos que hoy realizan un consumo más eficiente de energía son los equipos más modernos que no son aquellos que encontramos en el hogar promedio argentino, y menos aún en hogares de bajos recursos".

  En su investigación, Lacaze sostuvo que la estructura de subsidios previa a la implantación de criterios de consumo "aplaza de manera significativa los plazos de amortización y reduce sensiblemente la tasa de retorno que el consumidor final percibe de las inversiones en equipamientos, dispositivos e insumos materiales capaces de mejorar la eficiencia energética residencial".

  Con el reemplazo de electrodomésticos más modernos, el ahorro llegaría al 33% en el consumo eléctrico y del 31% en el del gas.

  En otras palabras, una energía demasiado barata, muy por debajo de los costos de explotación, no representa un aliciente al consumo eficiente y de allí que "una progresiva reestructuración de la política tarifaria con la provisión de incentivos a ese tipo de inversiones ofrece la posibilidad de transformar, desde la perspectiva del erario, el gasto corriente en gasto de capital", apuntó.

  "De esta manera, se logra el mantenimiento del nivel de gastos en energía para el consumidor final por la vía de la reducción de las cantidades (en oposición a la disminución de los precios unitarios) y se le otorga al esquema una mayor sustentabilidad en el tiempo, lo que tiene a su vez un efecto impulsor para la industria nacional", completó.

  Si bien muchos abordajes de políticas de ahorro de energía y consumo eficiente pusieron el centro de su atención en los procesos industriales y en las grandes empresas, Lacaze advirtió sobre la importancia del consumo residencial, ya que "un 16,1% de las emisiones en Argentina proviene de actividades que tienen como uso final el sector residencial", y de ese porcentaje "el 12,5% se explica de manera directa por el consumo de energía, tanto en lo que hace a la electricidad como a otros combustibles".

  Destacan experiencias "muy ricas" de impulso a la eficiencia energética en el país y el exterior

  Desde mediados de la década de los 90, en varios países comenzaron a implementarse medidas de incentivo a un uso más eficiente de la energía, en medio de las campañas de concientización por el cambio climático y también para intentar desacoplar el crecimiento económico del consumo de combustibles no renovables.

  Las experiencias son múltiples y si bien la tendencia viene siendo liderada por los países de la Unión Europea y Estados Unidos, muchas iniciativas emprendidas por países en desarrollo merecen ser tenidas en cuenta por sus resultados favorables.

  "En nuestro país también tenemos experiencias, con participación de universidades nacionales que podrían ser fortalecidas y aprovechadas", rescató en declaraciones a Télam Laura Lacaze, licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires y Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), especializada en construcción civil.

  Lacaze reconoció que "sin dudas, la agenda se encuentra liderada fundamentalmente por los países centrales como los pertenecientes a la UE, que vienen trabajando en la temática de manera sostenida y articulada con los acuerdos de reducción de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) y llevan a cabo planes estratégicos que involucran una diversidad de medidas con pluralidad de actores, como propietarios, inquilinos, constructoras, diseñadores y desarrolladoras".

  En los países de la UE se estableció como procedimiento estandarizado el Certificado de Performance Energética de Edificios, que en el caso de Gran Bretaña es mucho más estricto al estar vinculado de manera directa con las operaciones inmobiliarias, como requisito de información para la compraventa y el alquiler.

  Pero también en América Latina "existen experiencias internacionales muy ricas en este punto", entre las que mencionó la de Ecuador, donde "se subsidian las inversiones realizadas para la compra de equipamiento y los pagos correspondientes a la amortización del capital prestado se estructuran a través de la facturación de los servicios de consumo de energía eléctrica".

  "Si vamos a la promoción del uso de energías renovables, la diversidad es aún mayor", expresó, poniendo como ejemplo a Uruguay, con "programas de bonificaciones sobre las tarifas como contrapartida a la instalación de equipos de energía solar térmica en construcciones desarrolladas por cooperativas".

  En 2021 se promulgó en Chile una ley que establece la obligatoriedad para los edificios nuevos de obtener la etiqueta de eficiencia energética, exigible a empresas constructoras o inmobiliarias y entes encargados de Servicios de Vivienda y Urbanización, en tanto los edificios públicos serán monitoreados por un "gestor energético" que velará por el uso racional de la energía.

  En Costa Rica, las "hipotecas ecológicas" para proyectos con certificación abarcan líneas de financiamiento específicamente orientadas a nuevos desarrollos inmobiliarios con capacidad de demostrar el cumplimiento de parámetros de ahorro en consumo de electricidad y agua.

  En México se implementó la "hipoteca verde", un esquema de financiamiento de vivienda desarrollado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para alentar el uso de sistemas y tecnologías eficientes energéticamente en los hogares de bajos recursos.

  En cuanto a la Argentina, Lacaze rescató "varias normativas y regulaciones tales como la IRAM 11900, para el etiquetado de eficiencia energética en viviendas, y mucha experiencia a nivel municipal que es el ámbito de actuación por excelencia para pensar en las características constructivas de los proyectos".

  "También se trabajó sobre la sensibilización (manual de vivienda sustentable, manual de energía solar térmica) y algunos incentivos económicos tales como préstamos para la financiación de energías renovables o plan canje", agregó.